Una orden judicial es una orden emitida por un juez que le dice a una de las partes en un caso (por ejemplo, una persona acusada de un delito) que haga algo que no ha hecho, como presentarse a una cita en el tribunal. Un juez también puede emitir una orden que permita a la policía hacer algo, como registrar su casa.
Esta guía de recursos explica los diferentes tipos de garantías.
Un juez puede emitir una orden de arresto cuando una persona no se presenta ante el tribunal en una fecha programada, no presenta pruebas de servicio comunitario, no paga una multa o no se presenta a recibir sentencia después de haber sido condenada.
Una orden de arresto es una orden de un juez que le dice a la policía que arreste a la persona nombrada en la orden.
Una orden de registro es una orden de un juez que le indica a la policía que registre un lugar específico, como la casa o la oficina de una persona.
Una orden solo se puede autorizar o anular (VAY-kay-ted) compareciendo ante el juez que emitió la orden. Si cree que existe algún tipo de orden judicial emitida en su contra, debe comunicarse con un abogado.
En cualquier lugar donde se encuentre, incluido su hogar o su lugar de trabajo.
Las órdenes de arresto o de arresto no caducan. Las órdenes de registro suelen ser más limitadas, lo que significa que el registro debe realizarse dentro de un plazo determinado.
La gran diferencia entre una orden emitida por un juez del Tribunal de Familia y un juez del Tribunal Penal es lo que puede suceder después de que lo "detengan".
Una vez que lo lleven al Tribunal Penal, podrá:
En el Tribunal de Familia, normalmente lo liberarán después de haber hecho lo que el juez pidió de usted en el tribunal (generalmente asistir a una audiencia o hablar con usted).
Puede comunicarse con la Oficina de Orden Judicial del tribunal donde comenzó o se está llevando a cabo su caso. Dependiendo del municipio, es posible que necesite cualquiera de la siguiente información: número de expediente, número de NYSID o número de arresto.
A veces. Si hay alguna orden judicial relacionada con un caso de delito grave (es decir, un caso en el que, si es declarado culpable, se enfrenta a más de un año de prisión), puede correr el riesgo de perder sus beneficios de SSI, SSD o Seguro Social de jubilación. Hay algunas excepciones a la regla. Si le preocupa perder sus beneficios, debe hablar con un abogado.
Este documento no debe reemplazar una consulta con un abogado. Family Legal Care alienta a todas las personas involucradas con los sistemas de tribunales penales y de familia a consultar con un abogado.
